Toda persona que sea titular de bienes y derechos en España por valor de más de 700 000 € está obligada a tributar por el llamado impuesto sobre el patrimonio. El tipo de gravamen es progresivo y fluctúa entre el 0,2 y el 2,5 %, y la base imponible se determina tomando el valor neto resultante de restar las obligaciones y cargas. La normativa legal, además, contempla toda una serie de bonificaciones y deducciones. Si el inmueble, por ejemplo, constituye la vivienda principal del sujeto pasivo, se aplica un mínimo exento de 300 000 € con carácter general, aunque cada comunidad autónoma, en ejercicio de sus competencias normativas, puede modificar este límite.


Circunstancias
en las que es obligatorio declarar por el impuesto sobre el patrimonio

  • 01.
    Cuando la cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan, resulte a ingresar.
  • 02.
    Cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de los bienes y derechos del sujeto pasivo resulte superior a 2 000 000 €.

Bienes y derechos
exentos del impuesto sobre el patrimonio

  • Aportaciones realizadas a planes de pensiones y primas satisfechas a planes de previsión asegurados.
  • Primas satisfechas a los contratos de seguro colectivo.
  • Bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial, siempre que esta constituya su principal fuente de renta.
  • Objetos de arte y antigüedades reconocidos como patrimonio histórico.
  • Derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial que no estén afectos a actividades empresariales.

Las personas físicas no residentes también deben tributar cada año en España por este impuesto. Pero orientarse en la maraña de la legislación fiscal española sin un asesor de confianza que nos guíe puede resultar complicado. Con Spain Legal, todos los clientes disfrutan de asesoramiento exhaustivo sobre los distintos aspectos relacionados con el pago de impuestos y reciben un apoyo integral de nuestro equipo de expertos, lo que les permite, de una forma totalmente legal, reducir gastos y costes, conseguir devoluciones de ingresos indebidos y evitar la doble imposición y las posibles sanciones.


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